Daños en las aguas de la Ciénaga de Mallorquín fueron confirmadas por MinAmbiente
El pasado 4 de agosto se revelaron los resultados del informe ambiental de la Ciénaga de Mallorquín. La delegación que estuvo encargada de realizar el estudio, llegó a la conclusión de manifestar la necesidad de “alinear los límites del plan de ordenamiento territorial con los límites de protección de este ecosistema de categoría Ramsar, proteger humedales estratégicos amenazados por la expansión urbana y promover un turismo que beneficie los ecosistemas, entre otros”.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muahamad, se refirió a los resultados y afirmó que existe una gran voluntad entre la comunidad, el área metropolitana, la Alcaldía de Barranquilla y las autoridades para que los ecosistemas que rodeen el río Magdalena puedan estar bien protegidos e inicie un proceso de ordenamiento territorial que sirva para proteger al territorio del cambio climático.
Dentro de los resultados del estudio se encontraron fallas en lo que se refiere al plan de ordenamiento territorial en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la zona estuarina del río Magdalena. Se pudo ver que, en medio de los registros de los límites, que están en el Ministerio de Ambiente, hay algunos que potencian una propuesta que afecta al medio ambiente.
“Los humedales Ramsar son importantes por su biodiversidad y funciones ecológicas, como el almacenamiento de agua, la regulación del clima y ser hábitat de muchas especies de plantas y animales. Por eso, la Ciénaga de Mallorquín, por su categoría de importancia internacional, debe ser conservada y usada sosteniblemente”, dijo el Ministerio de Ambiente.
Según la ministra, una de las causas de esta problemática se basa en obras que se iniciaron sin tener en cuenta las medidas ambientales adecuadas frente a la normatividad, todo con el fin de potenciar el sector turístico.
Por esta razón, mediante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, y la Alcaldía de Barranquilla, se van a tomar algunas medidas para que el plan de ordenamiento territorial cuente con proyectos que consideren el tema del tratamiento de aguas, de otra forma, no tendrán la aprobación de las instituciones para su realización.