En Brasil se está evaluando un impuesto de 7,5% para las cartas de crédito agroindustrial

El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está trabajando para equilibrar las cuentas públicas de cara a las elecciones del próximo año, y el equipo económico está ahora concentrado en compensar el impuesto IOF.

Una opción en debate es elevar el impuesto a la renta propuesto para las Cartas de Crédito Agroindustrial, conocidas como LCA, y las Cartas de Crédito Inmobiliario, conocidas como LCI, a 7,5% a partir de 2026, según un borrador del proyecto de ley presentado este miércoles por el relator del proyecto.

La medida se centra en los valores que ahora están totalmente exentos, lo que los convierte en la parte más polémica del plan y genera críticas tanto de los grupos agroindustriales como de los mercados financieros por la preocupación de que perjudique a industrias clave. Cuando el gobierno la introdujo, la tasa propuesta de impuesto sobre la renta para las ganancias personales derivadas de inversiones en estos valores era de 5 %. El proyecto de ley, presentado el miércoles por el congresista Carlos Zarattini, busca cerrar la brecha fiscal entre estos valores exentos y otros activos financieros.

Según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el equipo económico y el Congreso están debatiendo este asunto. «Se seguirán fomentando los títulos de crédito privados, conocidos como LCI y LCA, pero el diferencial de la tasa impositiva en comparación con otros títulos públicos es demasiado elevado», declaró Haddad el miércoles. El ministro reiteró que la medida provisional presentada es esencial para garantizar un presupuesto sin recortes en los programas sociales.

Retroceso

Aún así, la oposición ya se está organizando en los pasillos de la Cámara Baja. La bancada agroindustrial, la más numerosa del Congreso, se opone firmemente. El diputado Pedro Lupion, presidente del Frente Parlamentario Agropecuario, enfatizó que gravar las LCA las hará menos atractivas, lo que afectará directamente la financiación agrícola en Brasil.

“No hay ninguna compensación que se pueda negociar que evite el daño que causará 7,5%”, dijo a periodistas en Brasilia. De aprobarse, el cambio fiscal entraría en vigor el 1 de enero de 2026, lo que marcaría un cambio en el tratamiento de los ingresos provenientes de ciertas inversiones. Mientras tanto, los ingresos provenientes de fondos inmobiliarios y de inversión agroindustrial de Fiagro permanecerían exentos.

Desde que se presentó la propuesta del IOF, la oposición ha sido intensa. La disputa sobre el impuesto a las transacciones financieras se ha extendido del Congreso al Poder Ejecutivo y, en última instancia, ha requerido la intervención de la Corte Suprema.

Para el economista jefe del Banco Inter Rafaela Vitoria, aumentar los impuestos a esos títulos es una mala decisión. “Desalentará la inversión. Aumentar los impuestos al capital cuando necesitamos estimular la inversión en Brasil no es la mejor estrategia”, afirmó Vitoria.