La SAC cuestionó la Jurisdicción Agraria y pidió que los jueces tomen las decisiones
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La SAC cuestionó la Jurisdicción Agraria y pidió que los jueces tomen las decisiones

El gremio agrícola advirtió que el proyecto del Gobierno debilita las garantías y pidió que jueces, y no el Ejecutivo, decidan en lo agrario
Alejandro Lugo/LR
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La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hizo un llamado al Congreso para que garantice que la Jurisdicción Agraria quede en manos de jueces de la República y no de entidades del Ejecutivo, como lo propone el Gobierno en el proyecto de ley que cursa en el Legislativo.

En un comunicado, el gremio aseguró que el país necesita un sistema que respete el debido proceso y las garantías judiciales de los ciudadanos.

Según la SAC, el Acuerdo de Paz y el Decreto Ley 902 de 2017 establecieron que los jueces deben tener la competencia para decidir sobre procesos agrarios. Sin embargo, advierte que la iniciativa gubernamental busca trasladar esas funciones a entidades administrativas, lo que, en su concepto, debilita la independencia judicial.

El documento también señala que la propuesta desconoce varias sentencias de la Corte Constitucional que han respaldado el papel de los jueces en estos procesos. Entre ellas menciona decisiones de 2018, 2022, 2025 y 2026 que reafirman la necesidad de que la fase judicial sea resuelta por autoridades independientes.

Asimismo, el gremio cuestiona medidas recientes del Gobierno que permitían a la Agencia Nacional de Tierras tomar decisiones en procesos como clarificación y recuperación de baldíos, las cuales fueron suspendidas por la Corte.

La SAC también insistió en que la Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales. “Las decisiones sobre la tierra deben seguir en manos de jueces independientes”, concluyó.

El Ministerio de Agricultura emitió ayer formalmente un mensaje de insistencia al Congreso para que reanude los debates sobre el Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria para evitar que la iniciativa sea archivada por falta de trámite.

Con la activación de este mecanismo, el Congreso debe pronunciarse en un plazo máximo de 30 días y 14 sesiones para completar los debates necesarios.

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