Gobierno anunció que la Jurisdicción Agraria y Rural entrará en funcionamiento en 2027
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Gobierno anunció que la Jurisdicción Agraria y Rural entrará en funcionamiento en 2027

La Corte Constitucional ordenó la creación de jueces especializados para resolver conflictos de tierras y agilizar la reforma rural integral
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Tras 10 años de espera, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, Colombia finalmente contará con una Jurisdicción Agraria y Rural. En síntesis se creará una nueva rama judicial, que entrará en funcionamiento oficial en 2027 por orden de la Corte Constitucional, con el que se busca crear puestos para jueces y tribunales especializados para el agro, y agilizar procesos como los conflictos de tierras.

La decisión fue respaldada con la Sentencia C-099 de abril de 2026, en la que señala que esta jurisdicción entrará a resolver las disputas sobre la tenencia de tierras y la producción agropecuaria, con expertos que entiendan las dinámicas rurales. Según datos de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entre 2025 y 2026 se han radicado demandas que tienen en disputa más de 16.000 hectáreas, sumadas a otros 210 procesos administrativos, que en total ponen en disputa 45.000 hectáreas.

La falta de decisiones sobre terrenos baldíos, y la ausencia de una justicia enfocada solo en el agro han mantenido bloqueados expedientes clave que ahora son esenciales para cumplir con la meta de redistribución de tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.

El Congreso tiene como plazo máximo hasta el 20 de junio para aprobar la ley ordinaria que establecerá el proceso especial agrario. La ministra de agricultura, Martha Carvajalino, ha enfatizado que este paso normativo es el requisito indispensable para que el Consejo Superior de la Judicatura pueda desplegar la infraestructura necesaria en todo el territorio nacional antes de la fecha límite establecida por el alto tribunal.

Este modelo operará bajo principios de oralidad, celeridad e itinerancia, lo que significa que los jueces podrán trasladar sus audiencias directamente a las veredas y zonas remotas. De este modo, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes tendrán un acceso real a la justicia para resolver conflictos de propiedad y ocupaciones de hecho en un solo proceso.

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