Extorsión a los cafeteros aumentó en 70%, con alertas máximas en Antioquia y Huila
La crisis de orden público tiene en jaque a varios sectores del agro, y uno de los principales afectados es el café. De hecho, entre 2015 y 2023, la tasa de extorsión aumentó en más de 70% para las 550.000 familias que dependen de este cultivo.
Así lo demostró el estudio Café, Conflicto y Extorsión, realizado por los investigadores Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, del Politécnico Grancolombiano. En el periodo analizado, se alcanzó una cifra récord de 10.560 denuncias en 2023. Factores como la alta circulación de dinero en efectivo y la baja bancarización crean condiciones propicias para cobros ilegales a productores y cooperativas.
La investigación reveló que la combinación de ser un municipio cafetero y pertenecer a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, dispara la extorsión en un promedio de 3,4 casos adicionales por cada 100.000 habitantes.
A nivel departamental, la alerta máxima se concentra en Antioquia, Cauca, Huila y Nariño donde la producción cafetera coexiste con altos niveles de delito que capturan gran parte del valor generado. El estudio muestra que en 2022 la extorsión alcanzó niveles extremos en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, con tasas muy por encima del promedio nacional.
Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente, presencia de economías ilícitas y baja institucionalidad, lo que explica la intensidad del fenómeno y su continuidad, incluso en momentos en los que otros delitos se reducen temporalmente. En contraste, el Eje Cafetero tradicional mantiene bajos niveles de extorsión, con tasas de entre 8 y 10 casos, gracias a una mayor cohesión institucional y a un control territorial sólido.
El panorama se agrava por el silencio de las víctimas: siete de cada 10 caficultores reciben llamadas extorsivas, pero menos de 15% se atreve a denunciar formalmente por temor a represalias. En la comparación internacional, mientras Colombia supera los 20 casos por cada 100.000 habitantes, países como Perú y Ecuador registran menos de cinco, lo que marca una brecha de cuatro a uno.
La evidencia advierte que la extorsión no solo reduce ingresos, sino que también frena la innovación y debilita la organización gremial. Por ello, las respuestas estatales deben ir más allá de los operativos policiales y enfocarse en una justicia local eficiente y en el fortalecimiento de la seguridad en los municipios cafeteros Pdet.