Innovar cuesta, y en el sector agrícola cuesta mucho. Detrás de cada nueva tecnología para proteger los cultivos hay años de investigación, enormes inversiones y un proceso de evaluaciones rigurosas que buscan garantizar que el insumo que finalmente llega al campo sea eficaz y seguro.
El estudio ‘Time and Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development and Registration’, elaborado por AgbioInvestor para CropLife International, pone las cifras sobre la mesa: desarrollar y registrar un nuevo ingrediente activo para la protección de cultivos requiere, en promedio, 11,4 años y US$307 millones. Solo la investigación para desarrollar un nuevo ingrediente activo representó, entre 2020 y 2023, US$133 millones, mientras que los ensayos de campo supusieron cerca de US$59 millones.
Estas cifras deberían llevarnos a una reflexión de país: la innovación agrícola necesita ciencia, inversión y una regulación moderna, rigurosa y eficiente. Antes de llegar al agricultor, una tecnología atraviesa investigación, pruebas de eficacia, formulación, ensayos de campo y evaluaciones toxicológicas y ambientales.
Ese rigor es especialmente importante cuando hablamos de alimentos. La agricultura enfrenta el desafío simultáneo de producir más, hacerlo de manera sostenible, adaptarse al cambio climático, enfrentar nuevas plagas y enfermedades y reducir las pérdidas. Por eso, invertir en innovación no es simplemente una estrategia empresarial, es también una apuesta por el desarrollo del agro, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en acción.
El estudio de AgbioInvestor también señala que las empresas siguen apostándole a esa tarea. Aunque el gasto total en investigación y desarrollo disminuyó frente a 2019, las compañías analizadas incrementaron en 9,8 % los recursos destinados a investigar nuevos ingredientes activos.
Por otra parte, es importante y urgente aumentar la diversificación de las soluciones: y ahí entran los productos biológicos que sólo cubren el 7 % de lo que la agricultura colombiana necesita y según el estudio la inversión en este nicho fue del 10 % en 2023.
La dimensión de esta oportunidad también asoma su relevancia en el estudio reciente de la FAO ‘Estudios de caso de adopción y producción de bioinsumos en América Latina: un análisis de costos y beneficios’. Según el documento, los bioinsumos pueden representar una inversión económicamente rentable para los productores de América Latina y el Caribe, aunque su conveniencia depende del cultivo, el suelo, las condiciones agroecológicas, la escala productiva y la tecnología utilizada.
La región, además, es actualmente en la que el uso de bioinsumos crece con mayor rapidez en el mundo, con una expansión anual estimada superior al 10 %. La adopción promedio global de bioestimulantes, biofertilizantes o biocontroladores alcanza el 38 %, mientras que en Brasil llega al 67 %, de acuerdo con las cifras de la FAO.
Pero innovar no significa solamente desarrollar productos. El futuro no está en escoger entre tecnologías. Está en integrarlas inteligentemente.
Ahí está la oportunidad: coexistencia tecnológica basada en ciencia. Bioinsumos, productos de síntesis química, biotecnología, nutrición inteligente y Manejo Integrado de Cultivos deben complementarse según las necesidades reales de cada finca.
Y aquí aparece otro componente indispensable: el conocimiento. Entre 2016 y 2025, Procultivos Andi capacitó gratuitamente cerca de 72.000 productores mediante CuidAgro y Mentes Fértiles. Porque una excelente tecnología sin correcta utilización pierde buena parte de su capacidad transformadora.
Colombia tiene tierra, biodiversidad, agricultores y conocimiento. Necesitamos convertir esas ventajas en productividad.
Innovar para alimentar mejor no significa elegir una tecnología sobre otra: significa poner la ciencia al servicio de cada cultivo, cada agricultor y cada alimento que llegará a nuestra mesa.
Hay un último asunto que no deberíamos minimizar: el mercado ilegal. Los productos falsificados no tienen que superar las mismas exigencias que las innovaciones legales, por eso no ofrecen las mismas garantías de eficacia, seguridad ni protección ambiental. Los productos del mercado ilegal pueden terminar siendo más costosos para el productor si fracasan en el control de una plaga y, peor aún, generar riesgos para su salud y para el ambiente.
Innovar cuesta. Regular bien cuesta. Capacitar cuesta. Pero todo ello tiene un propósito mayor: que el campo pueda producir más y mejor, con herramientas seguras y eficaces. En un mundo que necesita cada vez más alimentos y enfrenta mayores presiones ambientales, innovar para alimentar mejor no es una opción, es una necesidad.