En el Norte del Cauca, el cierre de un ingenio no se siente primero en un balance contable. Se siente en la casa donde ya no entra el jornal, en el productor que no tiene a quién entregarle la caña, en el trabajador que no sabe si mañana habrá turno y en la comunidad que ve cómo una crisis empresarial puede acabar su economía.
La liquidación del Grupo La Cabaña no puede leerse simplemente como el desenlace financiero de una compañía. Para Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto, Miranda, Buenos Aires y Suárez, representa una fractura social y productiva en una región donde empleo formal, seguridad rural y legalidad sostienen la vida cotidiana.
La discusión sobre las causas de esta crisis deberá darse con rigor y transparencia. Pero hay una urgencia que no puede esperar: familias sin ingreso, trabajadores sin empleo y productores sin alternativa clara para sus cultivos.
Las cifras oficiales dimensionan el golpe: 957 proveedores de caña afectados, de los cuales 777 son pequeños agricultores con cultivos que apenas superan dos hectáreas. A ello se suman 3.200 empleos directos e indirectos, vinculados a la operación agrícola e industrial del ingenio, desempeñados en 85% por población afrodescendiente y en 15% por población indígena.
El eslabón más vulnerable está en el campo. Para un pequeño agricultor, el cierre del ingenio local no significa buscar otro comprador. Significa enfrentar una operación logística que, por tamaño de sus parcelas, costos de cosecha y transporte, y condiciones de seguridad, puede volverse inviable.
El corte, el alce y el transporte de la caña eran asumidos por el ingenio. Eso permitía que pequeños productores hicieran parte de una cadena formal sin cargar solos con una operación que exige escala, maquinaria, coordinación y seguridad. Hoy, sin una planta cercana, muchos quedan en incertidumbre: tienen tierra, cultivo y oficio, pero no tienen garantizada la comercialización de su producto.
Los empleos generados por el ingenio representaban ingresos, estabilidad comunitaria, demanda local y presencia de economía formal en una zona golpeada por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades.
Hablamos de productores y trabajadores que han sostenido una economía rural legal en un territorio donde producir formalmente cuesta más. Permitir que esta crisis avance sin respuesta coordinada sería aceptar que una zona vulnerable pierda una fuente esencial de empleo, arraigo productivo y legalidad.
Desde Procaña hemos asumido un liderazgo institucional para acompañar a nuestros productores: abrimos espacios de orientación inmediata, promovimos defensa colectiva para proteger sus tierras y reclamar acreencias, e insistimos en la necesidad de construir un Plan de Salvamento Integral para el Norte del Cauca.
Ese plan debe partir de una premisa: no basta con administrar la liquidación, hay que proteger el tejido social.
El primer componente debe ser reconversión agrícola y estabilización productiva para pequeños cañicultores, con soporte técnico e instrumentos financieros que alivien la transición: créditos blandos, periodos de gracia, capital semilla, asistencia técnica y acompañamiento comercial.