Sin investigación agropecuaria no hay seguridad ni soberanía alimentaria
En Colombia se habla constantemente de seguridad y soberanía alimentaria. Ambos conceptos aparecen en debates públicos, discursos políticos y planes de desarrollo, cada uno desde su enfoque, buscando garantizar el acceso suficiente y oportuno de alimentos para la población. Sin embargo, pocas veces se discute a profundidad aquello que lo hace realmente posible. La respuesta es más simple de lo que parece. Se trata de la investigación agropecuaria como base del desarrollo rural.
La seguridad alimentaria hace referencia a la capacidad de una población para acceder de manera suficiente y estable a los alimentos que necesita. La soberanía alimentaria lo específica un poco más, llevando a que un país tenga la capacidad de producir estratégicamente buena parte de lo que consume y no dependa excesivamente de mercados externos. Son conceptos distintos, aunque profundamente conectados. Ninguno puede existir sin ciencia aplicada al campo.
Lo anterior, ya que es la investigación agropecuaria la que permite desarrollar semillas más resistentes, mejorar la productividad del proyecto, optimizar el uso del agua y fortalecer la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos y sus ecosistemas. También hace posible producir alimentos con mejores condiciones nutricionales, algo fundamental en una región donde persisten problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria. La nutrición es la base de la salud pública, y por eso la discusión agropecuaria no debería limitarse únicamente al rendimiento económico.
En ese orden de ideas, Colombia tiene condiciones excepcionales para convertirse en una potencia agroalimentaria. El país posee cerca de 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, aunque apenas 8 millones se encuentran actualmente bajo cultivo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2023). Esa brecha refleja un problema estructural de productividad, planeación e inversión en el sector rural. A esto se suma una distribución desigual de la tierra, donde aproximadamente 1% de los predios más grandes concentra el 78% del área productiva (DANE y ONU Mujeres, 2021).
La situación social del campo también evidencia la magnitud del desafío. La ruralidad representa cerca de 15% del empleo nacional, pero enfrenta niveles de pobreza multidimensional que alcanzan 31%, muy por encima del promedio urbano, que se ubica en 11,5% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2023). Además, el empleo agrícola ha caído cerca de 10 puntos porcentuales desde 2005 (Fedepapa, 2024), una señal clara del rezago tecnológico y de la pérdida de competitividad del sector.
Lo anterior obedece a que, durante años, Colombia abandonó parcialmente la idea de que la investigación agropecuaria debía ser una política estratégica de Estado, más allá de una política sectorial. El resultado fue una creciente dependencia de alimentos importados, incluso en productos que podrían cultivarse localmente con mejores niveles de productividad y competitividad. Mientras tanto, otros países entendieron que el conocimiento era el verdadero motor de su desarrollo rural.
Brasil es quizá el ejemplo más evidente en América Latina. La apuesta sostenida por investigación genética, agronomía tropical y transferencia tecnológica permitió transformar regiones improductivas en una de las mayores despensas alimentarias del mundo. La ciencia aplicada al agro convirtió al país en una potencia exportadora y redujo significativamente su dependencia alimentaria externa. Estos resultados no fueron casualidad, sino producto de una decisión política sostenida durante décadas.
Ahora, en Colombia a pesar de no tener una apuesta estratégica a nivel de Estado, se han producido avances positivos sectorizados cuando se combinó conocimiento e innovación. En el país se han desarrollado procesos de reconversión productiva en la cadena láctea con enfoques sostenibles, aprovechando que la leche colombiana presenta niveles de proteína y grasa superiores a los de países altamente competitivos como Nueva Zelanda o Suiza (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2023). Instituciones de origen gremial como Cenicaña, Cenicafé o los Centros Experimentales de Fedearroz, han aportado a fortalecer sus cadenas productivas, aportando al crecimiento del valor agregado en el sector (DANE, 2022).
Sin embargo, lo anterior demuestra que una política estratégica de investigación agropecuaria no solo depende de la investigación per se. El conocimiento debe llegar al productor de manera oportuna, motivo por lo cual se hacen importantes sistemas sólidos de extensión rural, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Para ello, también es necesario fortalecer la producción de información estratégica. Herramientas como el catastro multipropósito y los censos agropecuarios permiten entender cómo se usa la tierra, dónde están las brechas y cuáles son las necesidades reales del territorio. Sin información confiable no hay política pública efectiva.
En últimas, el desarrollo rural y agropecuario debe concebirse integralmente, evitando el enfoque exclusivo en subsidios o créditos. Depende, sobre todo, de la capacidad de un país para comprender científicamente su territorio y convertir ese conocimiento en productividad, sostenibilidad y bienestar social. Por esta razón, Investigar no debe ser un gasto secundario ni un lujo académico. Es una decisión estratégica relacionada con la seguridad nacional, la reducción de la pobreza y la construcción de paz territorial.
Un campo productivo genera empleo, reduce desigualdades y disminuye la dependencia externa en materia de alimentación. Pero, sobre todo, le da estabilidad y futuro al país. Con investigación agropecuaria, Colombia puede convertirse en una verdadera potencia mundial de producción de alimentos.