La propiedad privada rural sigue en riesgo
Hace algunos días el Gobierno Nacional destacó que en el país ya hay cerca de 193.000 hectáreas bajo la figura de las áreas prioritarias para la producción de alimentos, mejor conocidas como las Appas. Recordemos que esta figura fue introducida en el ordenamiento territorial colombiano por medio del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida " como un instrumento destinado a identificar, delimitar y proteger los suelos más fértiles del país para garantizar la seguridad alimentaria. Actúan como determinantes de ordenamiento territorial para priorizar el uso agrícola y proteger la vocación productiva a largo plazo.
Hasta allí todo suena bien, pero cuando nos adentramos en la realidad del instrumento aparecen amenazas muy fuertes a la propiedad privada rural. El solo hecho de limitar los suelos a la producción de alimentos genera restricciones a las libertades de los propietarios de las tierras para desarrollar actividades de sustento y generación de empleo en esos territorios. Claro ejemplo es Sopó en Cundinamarca, donde la producción de flores domina la actividad productiva rural del municipio. O el Suroeste antioqueño, donde el ecoturismo y la construcción de parcelaciones generan buena parte del dinamismo productivo de municipios de la región. En ambos casos, la Appa limita estas actividades y desconoce esa realidad especifica. Hablan de concertación con las comunidades pero desconocen el conocimiento de los productores locales, limitando sus libertades para decidir lo que ellos quieren para sus tierras.
Por otra parte el Decreto 033 del 2025; aquel que definió entre otras cosas que todas las personas en 82 municipios pilotos ubicados en Antioquia, Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar deben informar al Gobierno sobre las negociaciones entre particulares cuando la venta sea por más de 2 UAF para que la ANT pueda ejercer una opción privilegiada de compra. En caso de no hacerse la venta podría incluso operar la figura de expropiación incluida en los artículos 32 y 39 de la ley 160 de 1994. Este sigue vigente y se ha convertido en un obstáculo importante para la negociación de predios rurales en esos municipios, además de lograr su real objetivo que es disminuir el valor de la tierra en los mismos.
No contentos con esto hace unos días el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia provocada por las inundaciones en Córdoba, expidió el Decreto 174 del 2026. En el mismo hay varios elementos que preocupan frente a la propiedad privada rural. En el articulado no es claro que el Decreto se circunscriba a la jurisdicción de los departamentos en emergencia- Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Antioquia, Guajira. El mismo reduce los tiempos procesales de los trámites agrarios -en curso o a ser iniciados por la ANT- en esas jurisdicciones y que tratan sobre clarificación, deslinde, recuperación y extinción del dominio, acortándolos de manera excesiva (13 días calendario más el término probatorio). Eso podría interpretarse como una violación a las garantías de los propietarios de los predios o de quien presente oposición al proceso. Además, otorga igualmente facultades policivas extraordinarias a la Agencia Nacional de Tierras para reasumir procesos en curso, en fase judicial e incluso autorizar ocupación de bienes del Fondo de Víctimas y de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.
Además de lo anterior, pudimos conocer el plan de gobierno "El poder de la verdad" del candidato Iván Cepeda donde además de profundizar en las figuras e instrumentos empleados por el gobierno de Gustavo Petro frente a la propiedad privada rural y mencionados en esta columna, habla de implementar elementos para la redistribución de las tierras fértiles del país y para buscar el control del estado en la economía productiva del país.
¡No es momento de medias tintas! Las cosas hay que decirlas como son: poco a poco se han introducido elementos que vienen afectando las libertades de los propietarios de las tierras rurales del país; las acciones jurídicas contra eso avanzan a paso de tortuga; el valor de las mismas viene cayendo de manera importante y el futuro no es esperanzador. ¡Señores, la propiedad privada rural sigue en riesgo!
Nota. Desde esta columna enviamos nuestra felicitación al Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y su señora por el nacimiento de su primogénito Isaac. Un Gobernador que ha venido llevando obras al territorio de ese Departamento. Auguramos el mayor de los éxitos en la segunda versión de AgroBolívar, la feria agropecuaria del sur del Caribe a realizarse en Magangué en Mayo.