La seguridad en las zonas rurales de Colombia se ha convertido en un tema crítico que demanda una respuesta urgente. Las cifras recientes revelan una realidad desafiante, especialmente para las familias campesinas y ganaderas que enfrentan amenazas constantes en su entorno.
Los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, Siedco, indican que a octubre de 2023, se registraron un total de 287 secuestros, marcando un aumento de 72% en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento es preocupante y refleja la creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades.
Para el caso del secuestro extorsivo, según el Ministerio de Defensa se ha experimentado un alarmante aumento de 81%, alcanzando los 190 casos, con ocho personas lamentablemente fallecidas, 152 liberadas, 17 escapadas y 22 aún cautivas. El caso de Juan Carlos Bayter, quien lleva más de 80 días en cautiverio, es un recordatorio desgarrador de las vidas afectadas por esta problemática.
La fundación Pares presenta un panorama desalentador sobre el aumento de secuestros extorsivos, señalando que 2023 se perfila como el año con las peores cifras en los últimos siete años. Esto representa una alerta urgente para la política del gobierno actual, que ha prometido una paz total con todos los grupos armados del país.
El abigeato, el robo de ganado, también ha impactado a las comunidades rurales. Con un total de 1.111 casos registrados a octubre de 2023, este delito afecta directamente a los ganaderos, con el Meta siendo el departamento más afectado, y seguido de cerca por los aumentos de casos en la Costa Atlántica y el Cesar.
En respuesta a estas invasiones de predios, han surgido las brigadas ganaderas solidarias y de paz, un esfuerzo pacífico de Fedegan apoyado por Aexgan para disuadir a los invasores y contar con el respaldo de las autoridades, a pesar de que el panorama es desafiante, con un aumento constante de casos desde 2020.
La seguridad rural es un compromiso que todos debemos asumir. A pesar de estos desafíos, las brigadas son un ejemplo positivo de cómo la comunidad puede unirse para protegerse mutuamente y disuadir las invasiones. Es hora de que la sociedad y el Gobierno Nacional trabajen juntos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades rurales. Así lo hicimos hace unos días en Arjona, Bolívar, cuando ante una invasión a un predio de la SAE arrendado a uno de los agremiados de Aexgan, y en compañía de la red de ganaderos del municipio, la Policía Nacional, la Policía Carabineros, la propia SAE y los campesinos, logramos llegar a un acuerdo de manera pacifica y desalojar el predio.
La protección de las familias campesinas y ganaderas debe convertirse en una prioridad indiscutible, dando tranquilidad a quienes dependen de la tierra y el ganado para su sustento. Instamos a las autoridades a implementar estrategias integrales que no solo respondan a los casos actuales, sino que también aborden las causas subyacentes de la inseguridad. A medida que avanza el 2024, es fundamental que nos enfrentemos a estos retos con determinación y visión a largo plazo.