En 2019, el gobierno Duque le restableció a Fedegan la administración de la parafiscalidad ganadera y sus obligaciones en materia de salud animal, después de que, en 2016, Santos se las arrebatara por una persecución con motivaciones políticas. En tres años de administración directa del Ministerio de Agricultura a través de una figura espuria, entre muchos daños a la ganadería se registraron dos de gran calado: el primero fue la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa, que se logró recuperar en 2020.
El segundo fue un sorprendente crecimiento del hato que reñía con los índices históricos de natalidad. La respuesta la dieron los resultados del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa de 2019, con hallazgos, principalmente en zona de frontera, que presenté al presidente, la Fiscalía, la Polfa y el ICA, de predios con incrementos de más de 1.000 animales frente al ciclo anterior, y “fincas nuevas” con altísimos inventarios. No sé en qué pararon las investigaciones, pero la ilegalidad promovida desde el Estado permitió el ingreso de contrabando de más de 6 millones de animales, un negocio de aproximadamente US$3.200 millones de la época.
Así empezaron los entuertos de la trazabilidad ganadera, un sistema de control sanitario que registra los principales eventos de un animal (nacimiento, vacunación, movilización y muerte); entuertos que hemos intentado enmendar en una acción conjunta del ICA, Ministerio de Agricultura y Fedegan, después del “desguace” –así lo calificó una exgerente del ICA– del sistema durante la administración Santos, que permitió, además, el crecimiento del sacrificio clandestino, también apalancado en el cierre masivo de plantas por parte del Invima.
¿Por qué, después de 7 años de esfuerzos conjuntos, no ha podido operar la trazabilidad? ¿Cuál es la dificultad, hoy con mayores recursos tecnológicos, incluida la IA? La respuesta puede estar en que, además de su función de control sanitario, en Colombia la trazabilidad coadyuva al control de conductas ilegales que implican riesgo sanitario, como contrabando, abigeato, movilización y sacrificio ilegal de ganado y comercialización ilegal de carne, actividades asociadas al lavado de activos que rondan los $18 billones anuales.
Algunas precisiones sobre las competencias: La trazabilidad es competencia exclusiva del ICA, aunque puede ser delegada bajo su supervisión, como sucedió a partir de 2002, cuando Fedegan desarrolló el primer Sinigan y lo administró con éxito, al igual que la expedición de Guías Sanitarias de Movilización, hasta 2012 – 2013, cuando ambos convenios fueros rescindidos en el gobierno Santos.
Por mandato legal, Fedegan opera los ciclos semestrales de vacunación contra Fiebre Aftosa, una operación de alta complejidad logística con coberturas actuales de 99% a partir de poblaciones marco establecidas por el ICA, con un nivel de confiabilidad que le permite a Fedegan – FNG ser proveedor de información del DANE sobre inventario bovino y bufalino, certificado bajo Norma de Calidad NTC – PE 1000 – 2020.
Finalmente, aprecio la valiente honestidad de la gerente del ICA, Paula Andrea Cepeda, al reconocer públicamente las inconsistencias históricas de información reveladas por la FM con tono algo alarmista, a partir de la filtración de un informe interno del ICA. Aprecio también el reconocimiento de las dificultades iniciales de la nueva plataforma, Sinigan 6, propias de este tipo de mutación, que han causado molestia entre ganaderos, plantas de sacrificio, subastas y demás integrantes de la cadena.
Pero más allá de la honesta aceptación, aprecio y me sumo al “honesto compromiso” para superar las dificultades y recuperar la confianza en la información.
La trazabilidad sigue siendo una necesidad y un reto para la modernización ganadera. De ahí el valor del compromiso ante las dificultades que no faltan.