Mucho se ha replicado sobre el aumento de la inflación en los últimos meses y, sin duda, una de las preocupaciones más grandes, que repercute de manera directa en las familias colombianas, es el alza en los precios de los alimentos; no es para menos teniendo en cuenta la variación anual de 13,12% en el IPC de 2022 y un incremento de 27,8% en su componente de alimentos y bebidas, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Así, probablemente sea este el momento más apropiado en la historia de la humanidad para traer a colación la frase “cultivar tu propia comida es como imprimir tu propio dinero”, pues en un contexto como el actual, en el que las condiciones económicas dificultan cada vez más el acceso a una alimentación adecuada, el campo entra a jugar un papel trascendental. Es por esto que los actores de la cadena agropecuaria, incluyendo comunidades y empresarios, deben trabajar mancomunadamente en una integración rural.
El Plan Nacional de Desarrollo, que está próximo a aprobarse y que será brújula del país en los próximos cuatro años, busca garantizar el derecho humano a la alimentación; pero más allá de la necesidad de generar cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo colombiano, se hace imprescindible mejorar la asociatividad entre el pequeño, mediano y gran productor, todo sin dejar atrás una de las claves más importantes para fortalecer la agricultura nacional: la transferencia de conocimiento para hacer frente al problema mayúsculo de la inseguridad alimentaria.
Este último punto no debe entenderse como una simple asistencia técnica, sino como la enseñanza de la autogestión de soluciones frente a condiciones cambiantes del campo, proyectada a influir en el panorama global y mejorando indicadores como los revelados por el Banco Mundial, entidad que evidenció de manera científica que el incremento de un punto porcentual en el costo de los alimentos agrava la pobreza extrema para 10 millones de personas, una cantidad superior a los habitantes de una ciudad como Bogotá. Asimismo, la prospección de la FAO, asegura que 80% de la cantidad de alimentos nuevos que se requerirán para el año 2050, deberán ser provistos a través de una mayor eficiencia en las cadenas productivas en los sistemas agropecuarios.
Ponerse manos a la obra para empezar a “imprimir nuestro propio dinero”, debe ser entonces una prioridad de ahora en adelante, pero, para lograrlo, será necesario una mezcla de varios elementos.
En primer lugar, un ingrediente clave será la generación de consciencia empresarial en el sector agropecuario, con el fin de retomar una cultura básica de autogestión alimentaria y de autosuficiencia que dé como resultado la soberanía local, objetivo de las directrices públicas del Estado. Ligado a este punto, un foco principal debe ser proveer trabajo asociativo que genere tejido económico, financiero y social, pues actualmente el esfuerzo con propósito común es una de las deficiencias más agudas del campo colombiano.
Una vez sorteados los inconvenientes en la malla empresarial, será hora de fijar la atención en los directos involucrados: los núcleos familiares en condiciones precarias.
Enseñar a una familia campesina, por ejemplo, a sembrar cierta cantidad de arroz de manera periódica, en pocos metros cuadrados, con riego de la quebrada más cercana y desechos orgánicos del ganado de un vecino, o de cualquier especie animal al alcance, con un conocimiento elemental del agro, puede hacer la diferencia, reduciendo costos, mejorando la calidad de los alimentos y disminuyendo el indicador de pobreza extrema y alimentaria.
No es necesario saber de tecnologías sofisticadas ni tener acceso a las matrices de educación más innovadoras del mundo para promover y fomentar la cultura agropecuaria y, aún más importante, reducir el hambre. De esta manera, poner en práctica el modelo ‘de la huerta a la mesa’, con comida sana producida de manera sostenible, resultará en una verdadera gestión social que mejorará la capacidad productiva de las regiones. Es así como cualquier ser humano puede hacer su gestión agroalimentaria a través de la educación agrícola, transformando no sólo su economía, sino su entorno y su futuro.
Con este enfoque, Colombia debe trabajar en los municipios más pobres y reducir las brechas sociales, tal como se ha hecho con la construcción de Programas de Desarrollo con el Enfoque Territorial (Pdet), involucrando a la empresa privada, generando sensibilidad, cooperatividad y dejando en claro los beneficios sociales para una población rural de más de 12 millones de personas.
El desarrollo sostenible del campo, mediante la resignificación de la labor del campesino, debe afianzar la cultura agropecuaria con educación pertinente y habilitante, que ayude al agro a pagar con sus propios recursos, a imprimir su propio dinero.