En Colombia solemos confundir hambre con inseguridad alimentaria. El hambre es no comer lo suficiente, en cambio, la inseguridad alimentaria es no tener garantizado el acceso diario a alimentos suficientes y nutritivos. Esta última se puede dar cuando se come mal o se sacrifican otras necesidades básicas como transporte, educación, salud o servicios públicos. Solo cuando esa situación se agrava y cuando se deja de comer, aparece el hambre.
Estas precisiones las traigo a colación porque recientemente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) publicó el Mapa del Hambre, una herramienta digital que monitorea en tiempo real la inseguridad alimentaria en el mundo. A Colombia no le fue bien, aparece en rojo.
El mapa del PMA ubica a Colombia con 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria. El gobierno, al respecto, respondió que la inseguridad alimentaria no es lo mismo que hambre declarada, y que el dato mejoró frente a los 8,1 millones de 2025. Ambas aclaraciones son válidas, pero insuficientes. ¿Cómo es posible que uno de los países con mayor vocación agroalimentaria del mundo siga reportando millones de personas en riesgo de no comer? La respuesta no hay que buscarla ni en el clima, ni en los suelos. El propio reporte del PMA señala que donde hay conflicto armado, hay hambre.
Y esto se nota. La violencia está afectando a comunidades enteras y también a cadenas agroindustriales. Cuando se afectan esas cadenas desaparece el empleo rural, el ingreso de los trabajadores rurales, la economía del cultivador, del emprendedor y del proveedor de servicios. Y con eso, desaparece también la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de ese ingreso para poner comida en su mesa. Se está llevando por delante la seguridad de los territorios, tanto física como alimentariamente.
El suroccidente del país es un claro ejemplo. Aquí se concentra una importante producción agropecuaria y también se registran los peores indicadores de violencia. Solo entre el 24 y el 28 de abril pasado, el suroccidente registró 34 atentados en 16 municipios del Cauca y 6 del Valle. No es casualidad, la Fundación Ideas para la Paz indicó que 2025 cerró como el año con más ataques de grupos armados en los últimos 15 años en estos dos departamentos.
Si concentramos la mirada en la agroindustria de la caña, tan solo en 2025 este sector registró 1.041 eventos de inseguridad en sus zonas de operación, con seis trabajadores asesinados y 10 heridos, en 37 de los 51 municipios donde opera.
Pero el impacto va mucho más allá del sector productivo. En el primer trimestre de 2026, el conflicto dejó casi 40.000 personas confinadas en Colombia, siendo Cauca el departamento más golpeado con 9.395. El confinamiento es inseguridad alimentaria y esto, claramente, se demuestra porque no se puede salir, no se puede trabajar, comprar, sembrar ni cosechar… y por supuesto, tampoco alimentarse.
Entonces la pregunta que debería estar sobre la mesa no es si nuestro país merece el color rojo en el mapa del Programa Mundial de Alimentos. Deberíamos más bien reflexionar, por qué un país como Colombia, que puede alimentarse a sí mismo y a varios vecinos, sigue cultivando hambre en sus territorios productivos.
La respuesta debe ir más allá de una herramienta que arroja alertas tempranas. Tenemos que acabar la violencia y el terrorismo. El campo colombiano no necesita más diagnósticos. Necesita que el Estado entienda que la violencia y la falta de alimentos son uno solo. Mientras haya conflicto, el mapa seguirá en rojo. Así de simple.