El jueves en la noche, sobre la vía Santander de Quilichao–Timba, en el norte del Cauca, un grupo armado interceptó una camioneta que transportaba trabajadores de un ingenio azucarero. El conductor recibió un disparo y un guardavías resultó herido. Ambos estaban haciendo lo mismo: trabajando…
Con este hecho, el sector agroindustrial de la caña suma en lo corrido de 2026: cuatro trabajadores heridos, un asesinato y seis secuestros. Son cifras que muestran la realidad de lo que se vive en esta región y los problemas que tienen que gestionar todos los días los que siembran, cortan, transportan caña y trabajan en los ingenios azucareros. Es una región donde, históricamente, el Estado ha llegado tarde.
A esta violencia que se volvió permanente se le suma otro frente: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al suroccidente apenas días después de la posesión del nuevo gobierno. Vías rurales y diques averiados, viviendas comprometidas y cadenas logísticas interrumpidas. Para una región que ya opera bajo amenaza constante, este desastre natural es otro riesgo que debe gestionarse en forma simultánea, porque es muy difícil levantar la infraestructura en medio del accionar de los violentos.
El nuevo gobierno lleva un poco más de tres semanas en el poder y ya enfrenta un terremoto, incendios forestales y la tarea heredada de recuperar el territorio. Es comprensible que la agenda esté saturada. Pero la seguridad en el norte del Cauca, en el sur del Valle, en todo el Suroccidente, no puede esperar más, debe ser una prioridad, como lo es la reconstrucción.
La agroindustria de la caña genera 286.000 empleos directos e indirectos en el suroccidente del país y cada uno de esos empleos depende del riesgo que corra un trabajador al salir a trabajar o mientras regresa a su sitio de habitación. Esto se repite en otros sectores del campo: avícola, pecuario, ganadero, etc. Nos estamos jugando la posibilidad de que miles de familias sigan viviendo del campo, en lugar de que migren hacia las economías ilegales que sí tienen presencia permanente en el territorio.
Si bien para lograr la seguridad que queremos se necesitan operaciones contundentes, lo que verdaderamente resulta urgente es la presencia estatal sostenida, que la da la Fuerza Pública, la inteligencia y la justicia de forma permanente y, por supuesto, acompañada de una estrategia integral que no cambie de un día para otro, porque esta región, durante décadas, ha estado esperando soluciones estructurales. Aquí los criminales llevan mucho tiempo disputándose el control territorial y lo que esta región pide no es nada del otro mundo. Es continuidad, permanencia y contundencia: que la vía Santander de Quilichao–Timba, y las decenas de corredores rurales como ella, tengan control militar y policial permanente, no operativos puntuales después de cada ataque. Que la seguridad llegue a cada rincón y que cada persona se sienta protegida, trabaje y viva con la tranquilidad que se merece. Y que, además, la reconstrucción post-terremoto incluya la infraestructura productiva rural y la protección del aparato productivo. De hecho, si se logran materializar ambas, será una gran fortaleza para la dinamización de la economía.
El éxito de la política de seguridad se va a medir en cuánto territorio recupera el Estado y cuánta tranquilidad recobran los ciudadanos. Para el campo colombiano, esa tranquilidad tiene nombre propio y es poder trabajar la tierra sin miedo, pero mientras eso no ocurra, en el suroccidente seguiremos contando heridos y escombros…