Hace unos días, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, publicó sus estadísticas anuales y, por primera vez, se registró que tres de cada cuatro personas en el mundo usan internet. Son 6.300 millones los que lo usan, esto es, 76% de la población, mientras que en 2005 apenas se llegaba a 15%. Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la UIT, manifestó que, en la era de la inteligencia artificial, “estar desconectado significa quedar excluido de oportunidades como la educación y el empleo”.
A pesar de esos buenos resultados, existe una brecha dentro de ese promedio que muestra que, en las ciudades del mundo, 82% de las personas usa internet, mientras que en las zonas rurales la cifra baja a 63%. En Colombia, ese comportamiento es el mismo, aunque hemos avanzado. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2025 del Dane, 73,9% de los hogares del país tiene internet y ese acceso en la ruralidad subió 15 puntos en un solo año, es decir, llegó a 56,9%.
Aun así, en Colombia se siguen presentando diferencias. Por ejemplo, en el Valle del Cauca cerca de 90% de las personas usa internet, mientras que en Vichada apenas se llega a 31,3%.
Tener internet, sin duda, es importante, pero no es suficiente. Debemos preguntarnos para qué lo usamos. Con el celular nos comunicamos y nos informamos, pero para estudiar, llevar la contabilidad de la finca o vender una cosecha en línea, hace falta formación, y eso sí que no viene incluido en el plan de datos que sagradamente pagamos cada mes.
Lo anterior es especialmente sensible para los jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes colombianos vive en el campo y el Dane advierte que la falta de oportunidades los empuja hacia las ciudades, mientras la población rural envejece. Hoy, cerca de 12% de los jóvenes rurales migra y, si logramos que se queden porque les ofrecemos mejores condiciones a través de la conectividad y la formación, podremos empezar a revertir esa cifra.
Para muchos jóvenes del campo, estudiar todavía significa irse, y la reflexión que quiero dejar con esta columna es que esto puede cambiar si trabajamos decididamente para que cambie.
Así, para que las cosas pasen, un camino a seguir son las alianzas público-privadas para la conectividad rural, en las que el Estado pone la política pública y parte de los recursos; los operadores de telecomunicaciones construyen la infraestructura; y las empresas, fundaciones, universidades y centros tecnológicos que están en la ruralidad aportan la formación, los contenidos y el conocimiento de lo que necesita cada región. Ese modelo ya ha funcionado en las vías y puede funcionar también para estos casos.
Esas inversiones, públicas y privadas, deben rendir cuentas por sus resultados. Y esos resultados no solo se miden con más antenas y centros digitales, sino con más jóvenes formados, más productores vendiendo en línea y más mujeres con acceso a crédito. Esta meta debe incluir a los miles de jóvenes ubicados en las ciudades, que tienen celular y datos, pero no cuentan con una formación que les abra la puerta a un empleo formal.
La pertinencia de la educación y la formación es fundamental. Es por eso que aquí juegan un papel trascendental el Sena, las universidades y la agroindustria, quienes pueden diseñar juntos programas con horarios y contenidos para la realidad rural.
Los jóvenes no se tienen que quedar en el campo por obligación; deben encontrar allí la posibilidad de estudiar, trabajar y salir adelante. La conectividad ya llegó a más de la mitad de los hogares rurales y ahora tenemos que lograr que con ella llegue también el conocimiento.