El pasado martes 20 de junio, en las instalaciones del MinAgricultura, tuvo lugar el Consejo Nacional del Arroz, en el cual se debatió si se debía seguir o no con el incentivo al almacenamiento de este grano.
Este es una herramienta que nació a mediados de 1990 cuando fue desmontado el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema) y que reemplazó las funciones de dicha entidad.
La función de este incentivo es simple: sacar del mercado el excedente temporal que se genera por la estacionalidad de la cosecha. Este pago se da desde el Gobierno a los industriales, cooperativas y algunas personas que guardan el arroz de dicha temporada que se da entre agosto, septiembre y parte de octubre.
Desde Fedearroz explicaron que no utilizar dicho mecanismo no es viable, pero desde el Gobierno enfatizaron que, según estudios que se realizaron, no sirvió como instrumento para planificar las siembras y organizar los niveles de producción del grano.
La cartera de Agricultura aseguró que sería un desmonte gradual, para que paulatinamente se vaya bajando el precio de almacenamiento por tonelada.
La ruta aún no es clara y el Gobierno debe llegar a un consenso con los arroceros por dos razones: la primera, para que la sobreoferta, que tanto advirtió Fedearroz, no afecte el bolsillo de los productores, puesto que eso implicaría menores pagos por su trabajo; y la segunda, para que exista una ruta clara que ayude a reemplazar el incentivo, y darle mayor autonomía a los pequeños y medianos agricultores.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, ha sido enfática en que la discusión para mejorar la industria arrocera debe ir más allá del incentivo al almacenamiento. La solución en el mediano y largo plazo será el plan de ordenamiento productivo que clama el sector. El Gobierno ha pedido a los productores que accedan a las líneas LEC para mejorar la infraestructura y trabajo.