Congreso aprobó Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre responsabilidad de organismos transgénicos
Fue aprobado por unanimidad en la Comisión V de la Cámara de Representantes, el Protocolo Suplementario Nagoya – Kuala Lumpur (PS de N-KL) sobre responsabilidad y compensación que busca proteger la biodiversidad y la salud humana del posible daño que puedan llegar a causar los organismos vivos genéticamente modificados, también llamados transgénicos, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El PS de N-KL, adoptado en la ciudad de Nagoya (Japón) en octubre de 2010, fue liderado por Países Bajos y contó con un rol importante de Colombia en el proceso de negociación que culminó con la adopción del texto por consenso durante la Quinta Sesión de la Cop/Mop, máximo órgano decisorio del Protocolo de Cartagena.
A través de un régimen administrativo de responsabilidad, este Protocolo Suplementario otorga un marco normativo a los países miembros para responder en caso de que se presente un daño a la biodiversidad causado por un organismo vivo genéticamente modificado.
Para Colombia, el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, este instrumento multilateral es fundamental en la tarea de garantizar la existencia de procedimientos internacionalmente aceptados en caso de presentarse un daño a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como consecuencia de un movimiento transgénico entre países.
El Protocolo Suplementario invita a los países que lo suscriban a desarrollar legislación interna que regule el tema a nivel nacional. Esa futura reglamentación, con cuya necesidad coinciden todos los intervinientes, puede ser desarrollada, como lo sugieren, por el Invima.
No obstante, el involucramiento del ICA y del Mads es también deseable en el proceso de elaboración de la norma, teniendo en cuenta que las tres entidades son las autoridades nacionales competentes para el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, del cual se deriva el tratado objeto del Proyecto de Ley en discusión.
El PS de N-KL entró en vigor el 5 de marzo de 2018 y a la fecha cuenta con 41 Estados que lo han suscrito como parte de su legislación.