Una de las historias del caso del Proyecto Gaia, el inmobiliario en Santa Sofía, Boyacá

Hace unos días, este mismo diario habló con Humberto Gómez, quien, en su momento, se presentaba como el líder de la comunidad que residía en lo que se conoce como el Proyecto Gaia, un espacio de casas y unidades autosostenibles en Santa Sofía, a tres horas de Bogotá.

En este proyecto, Gómez nos explicaba que en el lugar, con una extensión de 100.000 metros cuadrados, no hay acueducto, y todos los alimentos (que se pueden cosechar por el piso térmico) los producían ellos mismos, y, específicamente, Humberto estaba adelantando la promoción de un proyecto de vivienda poniendo unidades en venta desde los $65 millones.

Días después, a este mismo periódico llegaron declaraciones, testimonios y pruebas físicas de que el Proyecto Gaia tiene ciertas imprecisiones tanto en la auto denominación de "reserva", poca regulación en la construcción de viviendas en el predio, y lo de ser "autosostenibles", ya que los que viven en el predio aseguran que no pueden sembrar porque la tierra no es apta para cosecha.

Consuelo Aragón, copropietaria del predio, fue la persona encargada de suministrar todos los insumos que confirman que este lote, además de ser vendido bajo la figura de una comunidad "ecológica", está vendido por un precio que no corresponde, y, además, no se tienen los permisos para hacer un proyecto inmobiliario, como lo presenta Gómez.

¿Qué paso?

Los predios Uranio y Reposo fueron adquiridos por el señor Humberto Gómez y Angela Tatiana Pereira Vidales el 28 noviembre de 2014, sobre esto, se tiene el certificado de tradición para confirmar dicha transacción.

"Allí se genera la primera situación desafortunada con los campesinos de la vereda, ya que por las fincas atravesaba una servidumbre utilizada por los campesinos por mas de 60 años, y esta había sido frustrada por el entonces dueño señor José Tiberio Rodríguez Parra, quien fuera la persona que le vendió a Gómez y Pereira", empieza diciendo Consuelo.

Los habitantes de la comunidad intentaron por la vía conciliatoria, en 2022, y junto con el acompañamiento del personero del municipio, restablecer el uso de esta servidumbre. "Esto no fue posible porque el señor Gómez actualmente considera que este derecho lo perdieron y así debe permanecer para evitar, según Gómez, que al parecer se entren a nuestra finca y seamos asaltados en nuestras casas".

A pesar de ello, en enero de 2023 la comunidad cita a los copropietarios en la inspección de policía para realizar la etapa conciliatoria, en la cual, según explican, se presentaron los copropietarios con dos posiciones. "Una los que respaldan a Humberto Gómez en su posición de mantener cerrada la servidumbre a los campesinos y la otra, la nuestra que accedía a las pretensiones de los campesinos de abrir la servidumbre", complementa Aragón.

Actualmente, la comunidad recién han iniciado demanda por la vía judicial contra los copropietarios de estos predios, para solicitar el restablecimiento de sus derechos.

No son reserva natural

Gómez también promueve este tipo de proyecto con la denominación de ser "reserva de la sociedad civil", y la realidad es que no son reserva dado que como se tiene una figura de común y proindiviso, para cualquier actuación todos los copropietarios deben estar de acuerdo. "Para ello, Angela Tatiana Pereira se opuso a esta acción no firmando la carta de solicitud, por lo cual al día de hoy, no se ha podido realizar el trámite ante el Ministerio de Ambiente", describen el hecho.

Casas construidas sin permiso

Los copropietarios adelantaron un proceso en cuanto a las construcciones que se venían haciendo sin ningún permiso, y, sobre todo, desde la primera adquisición del predio, que se conoció por parte de la Secretaria de Planeación y Obras de Santa Sofía, Boyacá, que "no se autorizó ningún tipo de licencia urbanística en modalidad de subdivisión, segregaron contemplada en el Decreto 1077 de 2015, 1203 de 2017 y 1783 de 2021", se lee en la carta de respuesta.

Además, la Unidad Agrícola Familiar para el municipio de Santa Sofía se encuentra entre 7 a 9 hectáreas, y que de acuerdo a la Ley 160 de 1994 en el art. 44, los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el Incora como Unidad Agrícola Familiar para el respectivo municipio.

"Efectivamente cada uno de los que hemos comprado, hemos construido las casas con elementos naturales como la madera, la piedra y la arcilla, pero aun así son construcciones que no cuentan con la adecuada licencia ambiental y adicionalmente a esto las construcciones de la parte social se encuentran en alto estado de deterioro y en peligro de caerse", reitera Consuelo Aragón.

Las ventas de los lotes por $65 millones

Gómez promovía la venta del derecho al uso de lotes de 1.000 metros de forma privada y el uso comunitario de 80.000 metros. Sobre esto, son lotes imaginarios, pues no tienen el permiso del Esquema de ordenamiento territorial del municipio, y solo es permitido realizar allí actividades agrícolas y pecuarias.

Adicional a esto, confirman que no tienen permiso para construir viviendas habitacionales, pues según el uso del suelo por cada predio solo se pueden construir máximo hasta dos viviendas, lo que quiere decir que las 20 viviendas existentes no cuentan con permiso. "En la actualidad todas nuestras construcciones y las de las zonas comunitarias no cuentan con permiso de construcción, por lo cual en cualquier momento podrían ser demolidas, el señor Humberto tuvo que colocar una abogada para evitar la pérdida de nuestras casas".

No "sobrecargo" en el ecosistema

Y por último, no hay regulación. El Esquema de Ordenamiento Territorial, actuando como instrumento de planificación y ocupación del territorio, advierte que la ocupación permitida es de una familia por cada siete a 9 hectáreas, y solo se permite la construcción de hasta dos viviendas, "y aquí Gómez y Pereira están promoviendo es 20 familias en 10 hectáreas, es una verdadera contrariedad", continúa Aragón.

La tierra no es fértil

No son autosuficientes por mucho, según confirman algunos copropietarios, y que si fue verdad, además, que iniciaron con la construcción de una huerta donde se logró cosechar lechuga, perejil, berenjenas, cebolla larga y frijol, pero que la demanda de mano de obra era insostenible y no se pudo continuar.

"Lo que dice que los procesamos, la realidad es que cada uno realiza la preparación de los alimentos en sus casas, solo con fines de autoconsumo. Pero cabe anotar aquí que se está comercializando bajo nuestra imagen una serie de productos procesados en las tiendas de Villa de Leyva, bajo una marca que da a entender que somos una comunidad unida, y no es así", cierran.