Radicaron un llamado de urgencia para la regulación de la Ley de jurisdicción agraria
La Ley de la jurisdicción agraria sigue siendo un punto central en la conversación y debate para el cumplimiento de los puntos agrarios firmados con el Acuerdo de Paz en 2016. Principalmente, este es un proyecto conformado por 80 artículos que se desarrollaron de la mano de los Ministerios de Agricultura, Justicia e Interior. El objetivo de la legislatura es definir el funcionamiento y el procedimiento especial de la jurisdicción agraria y rural.
Desde su radicación el pasado 27 de agosto de este año, la Ley 183 de jurisdicción agraria ha sido punto de varias polémicas. Por ejemplo, el tema de la expropiación de tierras por vía administrativa o algunas medidas, consideradas anticonstitucionales, como la implementación de los jueces agrarios de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
Este tipo de artículos en la Ley han generado mucho malestar en el sector ganadero y propietarios de grandes cantidades de tierra. Por esta, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo radicó este 21 de octubre un llamado de urgencia para que el Senado y la Cámara de Representantes estudien el proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria.
“Acabamos de radicar un mensaje de urgencia para que las comisiones de Senado y Cámara estudien con lupa un proyecto que es fundamental para el avance del Acuerdo de Paz”, dijo Cristo.
También explicó que es optimista con el desarrollo de la Ley. Esto es algo parecido a lo que ha tratado de hacer la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, cuando dijo que la Ley nunca habla de expropiación por vía administrativa, sino que el proyecto afirma que es un procedimiento en el que se repara e indemniza.
Sin embargo, ya hay procesos de estudio que determinan que la Ley puede ser de carácter inconstitucional, como el publicado el pasado miércoles 18 de septiembre por la Fundación para el Estado de Derecho.
“Creemos que se está reviviendo la expropiación exprés por la puerta de atrás”, dijo el presidente de la Fundación, Luis Guillermo Vélez.
La Fundación también establece que hay muchas confusiones sobre la manera en cómo se aplicaría la norma, ya que abre las puertas a la subjetividad y transgrede otras organizaciones estatales como la Defensoría del Pueblo.