Oleoflores invertirá US$200 millones para sustituir cultivos de coca por palma en el Catatumbo
Oleoflores anunció una inversión inicial de US$200 millones para desarrollar un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos por palma de aceite en el Catatumbo. La iniciativa comenzaría en diciembre con un plan piloto de 2.000 hectáreas y tendría como meta intervenir 20.000 hectáreas durante los próximos cuatro años.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la Milagro Week, en Nueva York, donde Carlos José Murgas, presidente ejecutivo de Oleoflores, presentó los alcances de la iniciativa.
El proyecto busca aprovechar la infraestructura agroindustrial palmera que se ha desarrollado en la región durante los últimos 25 años. Actualmente, el Catatumbo cuenta con cinco plantas extractoras, 1.600 agricultores vinculados al sector y alrededor de 42.000 hectáreas cultivadas con palma de aceite.
Según las cifras presentadas por la compañía, en la región también existen más de 45.000 hectáreas de coca, por lo que la propuesta contempla reemplazar parte de esos cultivos por palma, con el propósito de incorporar a los campesinos a las cadenas productivas de alimentos y biocombustibles.
"Estamos hoy presentando un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo. Nuestra idea es empezar con un piloto el otro mes por 2.000 hectáreas de coca reemplazadas por palma", señaló Murgas.
La inversión anunciada inicialmente, de US$200 millones, estaría destinada al programa de sustitución y al desarrollo de la cadena agroindustrial de alimentos y palma. Sin embargo, el monto podría aumentar hasta US$800 millones si se concreta el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, una posibilidad que dependerá de los avances regulatorios.
Otro de los objetivos de la iniciativa es contribuir al incremento de la mezcla obligatoria de biodiésel en Colombia, que se busca llevar de B10 a B15, lo que ampliaría la demanda de aceite de palma para la producción de este combustible.
Restrepo destacó la participación de la empresa privada en proyectos productivos para regiones afectadas por los cultivos ilícitos y el narcotráfico.