Los puntos por los que los tratamientos de agua están fallando en algunos casos

La Agencia de Noticias de la Unviersidad Nacional, entregó un reporte en el que señalan que aunque existen normativas y herramientas como el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (Sigam), que tienen propósitos de protección ambiental, su aplicación ha sido mínima en proyectos ambientales como las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar).

Así lo estableció el investigador Francisco León, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien advierte que aunque los municipios de la provincia de Sabana Centro (Cundinamarca) han hecho importantes avances para reducir la contaminación del recurso hídrico por cuenta de los sistemas de alcantarillado, aún no se ha establecido una relación directa entre esta mejora y la implementación del Sigam para orientar esos procesos.

Agrega que “por cuenta de esos esfuerzos individuales, la contaminación del río Bogotá sigue relacionada con las descargas de agua residual de los sistemas de alcantarillado de los municipios de la provincia, derivadas del urbanismo creciente, que afecta la calidad del recurso aguas abajo”.

El proceso de urbanización evidencia que a pesar de tener políticas de protección ambiental, el Gobierno prioriza otras carteras, en las que prevalece el interés económico sobre el cuidado de los recursos naturales, detalla.

Desde su punto de vista, uno de los ejemplos más claros del desconocimiento de los mecanismos para la gestión ambiental se observa en los actuales problemas que se han presentado en las PTAR. Estas plantas surgieron como una opción para descontaminar las aguas del río Bogotá, objetivo que no se ha cumplido del todo, y además están contaminando y generando gases de efecto invernadero.

“Aunque se encontró que en los 11 municipios de Sabana Centro todos los proyectos estaban ejecutados, al revisar la implementación de los sistemas se halló que los aquellos realizados o alcanzados no se gestaron a partir del uso de los instrumentos de gestión ambiental”, comenta el investigador.

Juez y parte

También indica que la situación derivada del reciente hallazgo de la Contraloría –respecto a la operación de las PTAR por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)– evidencia fallos en la comprensión e interpretación de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, tanto para las entidades ejecutoras como para las vigilantes.

“Más allá del posible detrimento patrimonial y sus consecuencias, se puede decir que la autoridad ambiental fue “juez y parte” durante los años que operó la infraestructura; los municipios no estaban ejecutando su función y las entidades con papel de supervisión desconocieron la situación durante años, vulnerando el Sistema Nacional Ambiental (SINA)”, sostiene.

Es por eso que plantas como la del municipio de Chía presentan hoy irregularidades en su construcción, debido a que no contaba con suficientes estudios y por ello se presentó un aumento del monto en el contrato tras algunos ajustes en su diseño, ya que los suelos donde se esperaba ubicar no eran los más adecuados para soportar estas construcciones.

Pese a que el Sigam ha concentrado los instrumentos, no ha madurado tanto como para ser prioritario en las administraciones municipales. A pesar del carácter formal que le da el acuerdo municipal, sus instrumentos de apoyo –Perfil ambiental, Plan Ambiental Local y Agenda Ambiental– no son tan robustos como para posicionarlo en la planeación de este tipo de proyectos.

“Pareciera que para justificar su existencia, el Sigam procura vincularse en el discurso de todo aquello que tenga resorte ambiental; sin embargo su carácter es efímero e inconexo dentro de la gestión municipal, por la dificultad de entender su esencia sistémica, lo cual se hace evidente en el desconocimiento de los decisores”, comenta.

Para esta investigación el magíster consultó información cualitativa y cuantitativa tanto en las diferentes entidades territoriales como en la CAR, artículos de prensa y datos de proyectos de infraestructura y saneamiento básico gestionados en la provincia de Sabana Centro.