Los diferentes tipos de delitos que están frenando el desarrollo del campo nacional

En Colombia, los problemas del campo no se limitan a la propiedad de la tierra. Aunque la desigual distribución sigue siendo una deuda histórica, los grandes retos del sector agrario hoy están en el desarrollo rural, la productividad y la aplicación efectiva de la ley.

Así lo explicó Francisco Javier Lara Sabogal, docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, quien analizó las principales dificultades jurídicas y estructurales que enfrenta el agro colombiano. Los delitos más comunes en materia agraria se agrupan en dos frentes: los relacionados con la adjudicación de tierras y los vinculados a la gestión ambiental.

Según Lara Sabogal, en los procesos de titulación “son frecuentes los delitos de prevaricato y cohecho, especialmente en adjudicaciones realizadas por la Agencia Nacional de Tierras o en procesos de prescripción adquisitiva del dominio”. En algunos casos, comenta el experto, se han asignado bienes baldíos a personas que no son beneficiarias de la reforma agraria, afectando los objetivos de equidad en el campo.

En materia ambiental, el problema más grave es la deforestación, que ya se tipifica como delito autónomo. Cada año se pierden entre 125.000 y 140.000 hectáreas de bosque, lo que evidencia la magnitud del daño ecológico y la falta de control en los territorios.

Más allá de la propiedad, el docente enfatizó que el mayor problema del campo colombiano es la falta de desarrollo económico.

Aunque la ley contempla la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la que define cuánta tierra se necesita para generar entre dos y dos salarios y medio mínimos mensuales, en la práctica esta medida no se cumple.

“Muy pocos campesinos logran producir esos ingresos. Tener tierra no basta si no se puede hacerla productiva”, explicó Lara Sabogal. El especialista considera, además, que la solución requiere una presencia estatal real con inversiones en infraestructura, vías terciarias, transporte multimodal, centros de acopio, distritos de riego y apoyo técnico.

“Mientras un campesino no pueda generar al menos dos salarios mínimos con su trabajo, el campo seguirá siendo un espacio empobrecido”, concluyó.

En cuanto a la justicia agraria, el panorama actual es confuso. Lara Sabogal señaló que la falta de jueces y tribunales agrarios especializados genera vacíos y superposición de competencias. Actualmente, los jueces de restitución de tierras conocen los casos de la Ley 1448, mientras que los jueces administrativos asumen la fase judicial del procedimiento único. Además, el Consejo de Estado puede intervenir mediante el recurso extraordinario de revisión agraria.

El Decreto Ley 902 de 2017 distribuyó funciones entre jueces civiles y contenciosos, dependiendo del caso, lo que ha fragmentado aún más la jurisdicción en el campo.

En las zonas rurales, añadió, no existe una legislación diferenciada, salvo las jurisdicciones indígenas que administran justicia en sus propios territorios. Sin embargo, reconoció que en algunos lugares grupos armados ejercen autoridad “de facto”, actuando como instancias judiciales o ambientales, sin validez legal.

Para Lara Sabogal, el desarrollo rural no puede seguir siendo solo una meta jurídica o un discurso político: es una tarea urgente de Estado. Solo con presencia institucional efectiva, inversión sostenida y justicia transparente, el campo colombiano podrá transformarse en un espacio de progreso, legalidad y bienestar para quienes lo trabajan.