Los agricultores atacan a indígenas que reclaman las tierras en Brasil durante protesta
Hombres armados respaldados por campesinos en camiones y tractores atacaron el fin de semana a indígenas que reclamaban tierras en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, hiriendo a 11 de ellos, denunciaron el lunes funcionarios del gobierno y un grupo de defensa de los derechos humanos.
El Ministerio de Asuntos Indígenas dijo que cinco de las 10 personas heridas el sábado fueron trasladadas al hospital para ser tratadas por heridas de bala y balas de goma como resultado del primer ataque en el distrito de Douradina.
"El pueblo Guarani-Kaiowa está recuperando tierras en el territorio de Panambi-Lagoa Rica", afirmó el ministerio en un comunicado, en el que atribuyó la violencia a la incierta situación jurídica que rodea a las reivindicaciones territoriales indígenas.
El domingo por la noche, los campesinos rompieron una cuerda colocada por el grupo indígena para delimitar las tierras que reclaman y prendieron fuego a sus tiendas, según la policía.
Al menos una persona resultó herida por una bala de goma en el incidente del domingo, según el Consejo Misionero Indígena, grupo de defensa de los derechos vinculado a la Iglesia Católica. Afirmó que la policía no había logrado detener a los campesinos.
A medida que la frontera agrícola de Brasil ha ido avanzando hacia la Amazonía, principalmente para plantar soja destinada a la exportación o criar ganado para producir carne de vacuno, se han multiplicado las disputas por las tierras reclamadas por los indígenas.
Las violentas disputas por la tierra se han hecho más frecuentes con el actual debate sobre el movimiento para limitar las reclamaciones indígenas de tierras ancestrales en un Congreso conservador respaldado por el poderoso lobby agrícola de Brasil.
Los legisladores han propuesto una enmienda a la Constitución de Brasil para limitar las reclamaciones de tierras habitadas por comunidades indígenas a más tardar en 1988, a pesar de que el Supremo Tribunal Federal ha dictaminado que establecer ese marco temporal es inconstitucional.
El ministerio afirmó en su declaración que "la inestabilidad generada para las reclamaciones de tierras no sólo causa inseguridad jurídica a los pueblos indígenas, sino que también abre la puerta a actos de violencia en los que ellos son las principales víctimas".