“El cannabis es el tren de aterrizaje perfecto para la política de drogas del Gobierno”
A seis años de la expedición de la Ley de cannabis medicinal el balance es de 3.155 licencias otorgadas, cerca de 960 empresas constituidas, más de seis millones de pacientes potenciales en Colombia, 57.000 hectáreas licenciadas para la siembra y solo cinco medicamentos de dos empresas, con registro Invima.
“Las empresas de cannabis no son ajenas a la realidad del agro colombiano, así como tampoco lo son a la producción industrial. Sectores con un potencial enorme para impulsar el desarrollo económico del país y la dignificación de las familias productoras, pero a los que les juegan en contra circunstancias como la falta de claridades jurídicas, la ausencia de voluntad política del anterior Gobierno y la imposibilidad de usuarios y pacientes para acceder a medicamentos y productos”, así lo plantea Miguel Samper Strouss, el nuevo presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Asocolcanna.
El nuevo vocero de este gremio, que agrupa a las empresas productoras de cannabis, advirtió que las discusiones que tienen lugar en el Congreso para regular el uso adulto del cannabis y una visión de cambio en la política de drogas, constituyen el momento propicio para aprovechar seis años de lecciones aprendidas.
“El cannabis es el mejor tren de aterrizaje para implementar las propuestas del Gobierno frente a una política de drogas enfocada en la salud, el respeto al medio ambiente y la garantía de los derechos humanos. Por eso, le proponemos al Gobierno un trabajo conjunto para la ampliación de la base productiva en el campo, el impulso en el Congreso de los proyectos que buscan legalizar el uso adulto, la apertura de espacios comerciales internacionales y la remoción de barreras que impiden el acceso de los colombianos a los medicamentos y productos que están listos para salir al mercado”, agregó.
La apuesta, señaló el nuevo presidente ejecutivo de Asocolcanna, es consolidar la asociación como un escenario abierto e incluyente que promueva el diálogo y unifique la voz de los productores con licencias (micro y pequeñas empresas en su totalidad) ante el Congreso y el Gobierno nacional