Contraloría encontró irregularidades por $9.000 millones en contrato de vivienda rural
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Contraloría encontró irregularidades por $9.000 millones en contrato de vivienda rural

El organismo de control también encontró inconsistencias en los soportes de seguridad social del personal contratado
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La Contraloría General encontró irregularidades por $9.000 millones en un contrato de consultoría que firmó el Ministerio de Agricultura en 2025 con el Consorcio Audiviv, cuyo objetivo era verificar el estado de los subsidios de vivienda rural entregados por el Banco Agrario entre 2000 y 2017.

El organismo de control identificó inconsistencias en los registros de las visitas de campo que realizó el consorcio. Según el informe, se reportaron 12.089 visitas, de las cuales 6.499 se habrían realizado únicamente durante noviembre de 2025. Esto equivale a un promedio de 217 visitas diarias en zonas rurales dispersas, una cifra que generó dudas sobre si los recorridos se hicieron en las condiciones informadas.

La revisión también encontró fotografías repetidas en los documentos. De las 9.636 actas examinadas, la Contraloría identificó 1.105 grupos de imágenes idénticas, distribuidas en 2.571 registros. En uno de los casos, la misma fotografía de un baño apareció en 21 actas correspondientes a 10 departamentos.

A esto se suman 4.509 actas, equivalentes a 46,7% de las revisadas, que tenían las mismas coordenadas geográficas, pese a corresponder a viviendas y beneficiarios diferentes. Uno de los puntos se repitió en 80 registros de cuatro municipios del Huila, mientras que otro apareció en 42 actas de Tolima y Amazonas.

Por estos hechos, la Contraloría determinó un hallazgo con incidencia fiscal por $9.000 millones, equivalente al valor total del contrato, y posibles consecuencias disciplinarias y penales.

El organismo también encontró inconsistencias en los soportes de seguridad social del personal contratado. De las 97 personas reportadas como parte del equipo técnico y de apoyo, no encontró documentos que acreditaran los aportes de 63. El caso fue trasladado a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, que deberá establecer si esos pagos se realizaron.

El Ministerio de Agricultura deberá ajustar su plan de mejoramiento, mientras que las posibles responsabilidades serán remitidas a las autoridades correspondientes.

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